Despierta: evitemos un futuro Transantiago tecnológico.

¿Por qué no al acuerdo?

Si estás leyendo esto es gracias a la interoperabilidad, una condición básica y necesaria que permite que dos o más plataformas puedan comunicarse (en este caso, tu navegador y este sitio web). Ello nos da la libertad de elegir qué software ocupar para cumplir determinada tarea, ya sea para trabajar, para comunicarnos, o bien para compartir información.

Lamentablemente no todas las plataformas son interoperables, ya que no todas "hablan el mismo idioma", pues algunas están construidos en base a protocolos cerrados que no comparten ese lenguaje común de interacción. Los llamados estándares.

Ahora, cuando se trata de la comunicación entre el Estado y sus ciudadanos, esta condición es crítica, ya que el Estado debe proveer sus servicios de forma accesible para todos y no sólo para algunos. Así, la interoperabilidad pasa a ser imprescindible, ya que su ausencia implica excluir a muchas personas. Implica quitarnos esa libertad de elegir.

De esta forma, en un mundo digital la interoperabilidad pasa a ser la garantía de una democracia abierta e inclusiva.

Por todo esto creemos que el mentado acuerdo entre el Gobierno y Microsoft es en realidad un problema y no un beneficio para el país, ya que evidentemente pone en jaque esta libertad, y al mismo tiempo, amenaza con poner una barrera al desarrollo de la industria nacional de software.

Este derecho nos pertenece a todos los chilenos y por lo tanto es nuestro deber luchar por que se respete.

¿Transantiago tecnológico?

Hay varias y diversas razones para afirmar que la concreción de este acuerdo nos va a llevar a un verdadero Transantiago tecnológico, a menos que hagamos algo al respecto.

El eje central de una verdadera estrategia digital, de una eficiente función coordinadora entre los ministerios del Estado y de una interacción justa con cada uno de sus ciudadanos, es el diseño de una plataforma digital interoperable. El acuerdo es un claro síntoma de una falta de preocupación por la interoperabilidad.
Es evidente que sí hay amarres por la naturaleza misma de los productos ofrecidos. Por tanto, recurriendo a una frase de Alejandro Barros, asesor del Gobierno: "Si significa que hay amarres, el Estado no va a estar disponible para ello", pues que no lo esté, porque es pan para hoy y hambre para mañana.
Es indiscutible que el gasto en herramientas TIC va a aumentar con políticas como el acuerdo, debido a un número no despreciable de licencias, gastos de puesta en marcha, capacitaciones no fundamentales como externalidad negativa, y peor aún, afectando precisamente al segmento que se quiere incluir cuando se enfrenta la brecha digital. Con esta estrategia efectivamente se puede obtener cifras económicas, pero es muy irresponsable decir que eso traducirá en desarrollo de las TICs. Ojalá que no sea la apuesta del gobierno, porque parece ser, y daría cuenta de una gran mediocridad en la planificación del futuro tecnológico.
En la práctica no contamos con un estándar efectivo para interactuar con el Estado; el Decreto Supremo 81 debió haber completado el Nivel 2, a más tardar el 2006. Este acuerdo se firma el 2007, cómo es posible que no exista antes una política semejante orientada hacia el ciudadano? El Decreto Supremo 100 es insuficiente.
Si no hay ninguna obligación pactada, lo que esperamos es una señal de que son capaces de cambiar el curso de la estrategia a un (mejor) camino de participación justa. Repetimos, no sólo es el acuerdo, es también lo que representa.