Crónicas Informáticas

Esta fue la noticia que marcó la pauta noticiosa del fin de semana: la publicación en internet de distintas bases de datos correspondientes a servicios públicos, con información sensible de 6 millones de personas. Todo partió durante la madrugada del sábado, cuando apareció un comentario en FayerWayer que tenía los links de descarga de las bases de datos. En ese momento, JI Stark tomó la decisión de eliminar el link, publicar lo sucedido en el sitio y hacer la correspondiente denuncia a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. El problema es que en el intertanto el mismo link fue publicado en ElAntro.cl (el cual fue eliminado por el administrador del sitio) y seguía siendo accesible haciendo una búsqueda con las palabras clave en Google.

Lo que siguió a continuación fue la difusión a través de los medios, la declaración del gobierno sobre el caso (la tristemente célebre frase del Ministro Vidal declarándose analfabeto digital) y el tema quedó puesto en el tapete.

La noticia en TVN: http://es.youtube.com/watch?v=hiegiN_yboA&NR=1

¿Están nuestros datos realmente protegidos?

La pregunta quedó dando vueltas, ya que la legislación chilena es antigua y no muy clara al respecto. Todo depende de la forma en que los datos hayan sido obtenidos. Según lo que dice nuestro amigo Pedro Huichalaf en El Mercurio de Valparaíso "se desprende de la ley 19.628 que es legal descargar la información, ya que internet es una fuente de acceso público, y no se requeriría una autorización para hacer uso de los datos obtenidos". La única forma en que hubiera algún tipo de sanción sería que se demostrara que los datos fueron obtenidos directamente desde la Base de Datos sin autorización de los administradores, es decir, que hubiese sido robada.

Por otro lado, también se sabe que el SERVEL vende los datos de los millones de inscritos en los Registros Electorales, por cual hay demasiada información que pudiera considerarse sensible que anda dando vueltas en manos de empresas y particulares. Lo mismo pasa con otras bases de datos de distintas instituciones que también son traficadas, lo cual es perfectamente legal.

Lo que se requiere con urgencia es actualizar nuestra legislación, para garantizar que nuestros datos serán manejados en forma segura y confiable.